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Sentencias novedosas de Familia

CONSECUENCIA DEL IMPAGO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS


Si usted es de los que no paga la pensión porque su situación económica se ha visto variada por la crisis económica que azota nuestro País, le recomendamos que acuda a los tribunales para revisar la cuantía que en su día se fijó por Sentencia, a través de una demanda de modificación de medidas definitivas.

D. Ángel Santiago Martínez García, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid, ponía de relieve, tras analizar el contenido del artículo 227 del Código Penal, de qué manera el delito conocido como impago de pensiones

“protege a los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos”.

No se está, por tanto, sancionando el impago de una multa, ni de una deuda, ni de una simple obligación civil, sino mucho, muchísimo más. Se está sancionando a quien deja desamparada a su familia y abandona los deberes derivados del matrimonio y de la paternidad y que, en estos casos, se concreta en el impago de una prestación económica fijada en una resolución judicial. O, dicho de una manera más gráfica,

“quien aprovecha la ruptura matrimonial para desentenderse de si sus hijos tienen o no para comer […] (SAP Madrid 25 de febrero de 2008)”.

¿Qué hacemos con ese padre/madre que se genera a sí mismo una situación de insolvencia real o aparente, para después invocar que carece de recursos con los que hacer frente a las pensiones que le fueron señaladas?

El Código Penal (artículo 227), al tipificar este delito, encuadrado en una especie del de abandono de familia, recoge la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, hasta aquí la teoría, pero y en la práctica.

Ponemos en relieve la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid 162/2006, de 26 de abril), y en la que el obligado al pago fue condenado como autor de un delito de abandono de familia (artículo 227.1) con la agravante de la reincidencia (artículo 22.8 Código Penal) a una pena de quince meses de multa (cuatro euros al día).

La sentencia refería:

“Sin duda las personas tienen derecho a cambiar su residencia y a comenzar una nueva relación de pareja con otra persona, pero las personas también tienen obligaciones (…) y al tomar la decisión de marcharse y abandonar el trabajo que aquí tenía, con la importante fuente de recursos que ello suponía, sabía las obligaciones que acababa de asumir, y a pesar de ello se marchó a un lugar donde, (…) no tiene recursos con los que vivir (…); constando en este caso plenamente acreditado el elemento subjetivo del injusto (…) decidió, consciente y voluntariamente no pagar las pensiones (…) y poner en peligro (…) la seguridad económica del cónyuge y de sus hijos (…)”.



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